Los Pueblos Indígenas Exigen Justicia y Responsabilidad en el Día Internacional del Migrante

Carta dirigida a los presidentes de Estados Unidos, México y Guatemala
Presidente Joseph R. Biden, Presidente Andrés Manuel López Obrad y Presidente Alejandro Eduardo Giammattei

 

18 de diciembre de 2021. 

Presidente Joseph R. Biden 
1600 Pennsylvania Ave NW
Washington, DC 20500.

Presidente Andrés Manuel López Obrador
P.za de la Constitución S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México,
Centro, Cuauhtémoc, 06066 Ciudad de México, CDMX, México.

Presidente Alejandro Eduardo Giammattei
Casa Presidencial
A, 6A Avenida 4-18, Cdad. de Guatemala, Guatemala

Re: Los Pueblos Indígenas Exigen Justicia y Responsabilidad en el Día Internacional del Migrante

Presidente Joe Biden, Presidente Andrés Manuel López Obrador, Presidente Alejandro Eduardo Giammattei

Al conmemorar el 18 de diciembre el día Internacional del Migrante, La Liga Maya Internacional, con sede en las tierras de la Nación Piscataway (Washington, Estados Unidos), le escribimos esta carta expresando nuestro profundo dolor por la muerte de por lo menos 56 personas y 58 heridas, víctimas del aparatoso accidente ocurrido el 9 de diciembre del 2021 en Chiapas, México. Las víctimas eran de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, República Dominicana, Colombia y Ecuador. Estamos indignados por todas las víctimas, pero destacamos que la mayoría de los heridos y asesinados provienen de pueblos indígenas mayas de Guatemala.

Esta tragedia tiene precedentes históricos, y por este medio responsabilizamos a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala. La migración forzada de los más vulnerables, pero en particular de los pueblos indígenas, está estrechamente relacionada con las políticas coloniales y la intervención estadounidense, las cuales han creado discriminación, desigualdades y violencias estructurales, y genocidio. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, incluidos los derechos a las tierras, territorios y bienes naturales ancestrales, se ignora descaradamente. En la ola más reciente de despojo de tierras, como la que ocurre en El Estor, Guatemala, las corporaciones transnacionales roban activamente tierras indígenas y persiguen a líderes indígenas, muchas veces con el apoyo mismo de los gobiernos nacionales y sus instituciones militares; la policía y el ejército. La corrupción, impunidad y represión provocan condiciones debilitantes que no permiten un nivel de vida digno, obligando a miles de personas a migrar.

Los pueblos indígenas permanecen invisibles dentro de las estadísticas oficiales porque se les niega su identidad, lo que a su vez obstaculiza sus derechos legales a interpretación en sus idiomas indígenas. Por ejemplo, niñas como Jakelin Caal Maquin (Maya Q’eqchi’) han muerto bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos debido a la falta de comunicación sobre su salud. Más recientemente, las víctimas en Chiapas incluyen personas de pueblos mayas de las siguientes naciones: K’iche’, Mam, Q’eqchi’, Ixil y posiblemente otros. Sus identidades se borran con frecuencia en los informes oficiales y las narrativas de los medios dominantes, lo que viola aún más sus derechos humanos.

Estados Unidos ha tenido políticas antiinmigrantes durante décadas. Desde 1990, las políticas de Prevención a través de la Disuasión se han utilizado a través del autoritarismo, la fuerza policíaca y la militarización, creando condiciones represivas contra quienes buscan asilo político, derecho inherente al Derecho Internacional. Es muy claro que estas políticas han sido diseñadas para criminalizar y colocar a los migrantes en condiciones vulnerables, sufrimiento físico y espiritual, agravadas por la violencia del crimen y delincuencia organizada que a menudo trabajan en colaboración con la fuerza policial y militar en los Estados Unidos, México y Guatemala. Además, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos han sido directamente implicados a corrupción y cárteles de drogas, así como también de cometer actos de violencia sexual y mala conducta contra de personas que solicitan asilo político. Por su parte, agentes de la policía mexicana han sido acusados de participar en extorsiones y masacres de migrantes.

Las políticas ilegales e injustas actuales, como Título 42 y el restablecimiento y expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en ingles), eliminan el debido proceso para los solicitantes de asilo a quienes se les niegan sus derechos humanos garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes indígenas están relacionadas con sus identidades indígenas específicas, el racismo y la discriminación lingüística, además de más de 500 años de represión colonial.

Por lo tanto, exigimos lo siguiente a los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala:

  1. Investigar a fondo el accidente que provocó la muerte y lesiones de decenas de personas, y cumplir con los mandatos de apoyo y asistencia a las familias de las víctimas del accidente en Chiapas, México, incluido el apoyo humanitario, la repatriación de cadáveres, la interpretación en idiomas indígenas;
  2. El reconocimiento de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el estándar mínimo para abordar los derechos de los migrantes indígenas que enfrentan conflictos, violencia y desplazamiento forzado en nuestras tierras ancestrales, y asegurar su cumplimiento cuando se desarrollen políticas de inmigración o se administre ayuda extranjera. Los tres países han respaldado las Declaraciones y se han comprometido a promover e implementar dichos derechos de los pueblos indígenas;
  3. La derogación inmediata del Título 42 y MPP y el cese de su complicidad con tales políticas;
  4. Investigar y enjuiciar a los responsables de las muertes de Claudia Patricia Gómez González (Maya Mam), Jakelin Caal Maquin (Maya Q’eqchi’), Felipe Gómez Alonzo (Maya Chuj), Juan de León Gutiérrez y Wilmer Josue Ramirez Vasquez (Maya Ch’orti’); Carlos Gregorio Hernández Vásquez (Maya Achi) y otros niños, tanto indígenas como no indígenas, que han muerto durante la migración y la detención;
  5. Defender el derecho de las personas que huyen de la persecución a buscar asilo de manera segura, incluido el fin de las fronteras militarizadas y la criminalización de las personas;
  6. Abordar juntamente con los líderes indígenas los problemas estructurales que obstaculizan la plena realización de sus derechos y los obligan a migrar. En particular, el derecho a la libre determinación, el autogobierno, los derechos colectivos a la tierra y la seguridad jurídica de sus tierras, educación, salud, cultura e idiomas.

En esta época de crisis en la que no se abordan las causas fundamentales de la migración forzada, agradeceríamos la oportunidad de reunirnos con ustedes o sus representantes en el futuro inmediato para dialogar acerca de la posibilidad de trabajar juntos y crear posibles soluciones a la problemática que exponemos, con especial énfasis en los derechos humanos de los pueblos indígenas, particularmente en Guatemala.

En espera de su respuesta,

Atentamente,

Liga Maya Internacional/USA

CC:

Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos:

La Honorable Kamala D. Harris, Vicepresidente de los Estados Unidos, La Casa Blanca.
El Honorable Antony J. Blinken, Secretario de Estado, Departamento de Estado de EE. UU. 
El Honorable Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. 
Congresista Raul M. Grijalva.
Congresista Jesus G. “Chuy” Garcia.
Congresista Norma J. Torres.
Congresista Alan Lowenthal.
Congresista Juan Vargas.
Congresista Ilhan Omar.
Congresista Alexandria Ocasio-Cortez.
Congresista Joaquin Castro.

Funcionarios del gobierno de México:

Honorable Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Honorable Rosa Icela Rodriguez Velazquez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Funcionarios del gobierno de Guatemala:

Honorable Pedro Brolo Vila, Ministro de Relaciones Exteriores, 
Lic. Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.
Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA)

Organismos internacionales

Tania Reneaum Panszi, Secretaria ejecutiva, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Comisionada Antonia Urrejola Noguera, Presidente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Comisionada Julissa Mantilla Falcon, Primer vicepresidente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y Relator sobre los derechos de los migrantes.
Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relator para Guatemala, México y Venezuela y Relator sobre los Derechos del Niño, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Honorable Amilcar Pop, Presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano.

 

Foto de portada: Dr. Gio B’atz’ (K’iche’) 

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